La macabra conversación de la fuente de soda de Neiva para asesinar a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro retumbó toda la noche del pasado 6 de mayo, y al siguiente día, en la mente de uno de los hombres convocados a ejecutar el plan criminal.
Lo que más hizo eco, sin duda, fueron las contundentes palabras que salieron del teléfono celular en altavoz: “Omega, la orden ya está dada. Ya sabe, nada de cabos sueltos”.
La lapidaría afirmación erizó enseguida la piel del hombre. Un mortal presentimiento le reveló que entre los cabos sueltos también podrían estar él y los encargados del atentado. El peligroso contenido de la conversación “me puso en la lista de los próximos muertos”, sentenció el testigo.
El temor a morir y las futuras retaliaciones contra su familia le ataron una soga al cuello que lo llevó de Neiva a Bogotá la madruga del 8 de mayo. En la capital colombiana reveló toda la información.
A Iván Cepeda (hijo de Manuel Cepeda), a Córdoba y a Petro les narró minuciosamente el plan para matarlos y, de esta forma, conseguir seguridad.
En ese sentido, Córdoba y Cepeda confirmaron el encuentro con el testigo. Aunque este diario intentó hablar con el alcalde Gustavo Petro, no fue posible localizarlo. Sin embargo, ayer su secretario privado, Jorge Rojas, le dijo a El Espectador que el equipo del alcalde conoce informaciones sobre posibles atentados contra Petro, uno de los cuales se realizaría con un mecanismo de alta tecnología, y da algunos detalles adicionales que confirman la versión conocida por La Opinión.
Por su parte Córdoba, además de confirmar el encuentro con el testigo, fue más allá y dio el nombre de otra persona, que según le dijo el informante, estaba detrás de su atentado.
“Revela nombres de forma contundente. Entre ellos, Hernando Medina Camacho y el general Harold Bedoya. Su versión es muy creíble”, explicó la excongresista.
La Opinión consultó al general en retiro, quien rechazó estas acusaciones.
“Yo llevo 17 años en retiro, no tengo ningún interés en atentar contra nadie. Un país a base de chismes, mentiras y engaños está destruyéndose. Ahí tenemos como hay cantidad de gente en las cárceles, todos a base de testigos falsos: el caso del Palacio de Justicia, por ejemplo, o el de Álvaro Gómez igual, todos basados en testigos falsos. Quién va a tener interés en matar a Piedad y a Petro. ¿Porqué? ¿Cuál es la razón?. No pido que eso se aclare esto porque no le veo ni pies ni cabeza. Además, una persona que diga eso tendrá que responder por lo que diga, y eso debe tener también su responsabilidad”, manifestó Bedoya.
Además, recordó que hace un año demandó a Petro, pues el alcalde de Bogotá había manifestado que él habría estado detrás del crimen de Álvaro Gómez Hurtado.
“Hace como un año o dos a Petro le dio por decir que a Álvaro Gómez lo había asesinado el alto mando militar. Yo lo demandé ante la Fiscalía por mentiroso y manipulador. Él fue y se rectificó y dijo que no había dicho eso. Él cambia sus versiones facilito, es un mentiroso nato”, aseguró el general, quien manifestó no conocer ni haber oído hablar de Medina Camacho.
Los políticos de izquierda –Córdoba y Petro– sin mayores rodeos denunciaron la situación ante la Fiscalía y pusieron el testigo lejos de quienes están interesados en el crimen.
“Me sacaron el pasaporte y yo pedí ser enviado a Venezuela. Ellos (Cepeda, Piedad y Petro) me dieron número telefónicos para contactar a personas que me ayudarían en el vecino país”, explicó el testigo.
En tierras bolivarianas, el pasado 21 de mayo, fue recibido por la Comisión Nacional para los Refugiados y remitido a la organización Cáritas.
“Me daban hospedaje y una sola comida. Cuando pasaban algunos días me rotaban por las diferentes sucursales de Cáritas. No tenía estabilidad”, se quejó el testigo.
En medio de esa situación, periodistas de La Opinión lo contactaron y entrevistaron. Desde Venezuela, narró en exclusiva el paso a paso la ejecución del crimen político y cómo su vida también fue puesta contra las cuerdas.
La muerte de Manuel Cepeda
La contundente revelación de uno de los participantes en el posible atentado contra Piedad Córdoba y su denuncia sobre un supuesto complot integrado por exmilitares deja al descubierto un macabro plan que, incluso, estaría ligado a la muerte del excongresista Manuel Cepeda Vargas.
Esta afirmación toma fuerza con la inesperada aparición -en el ataque contra la exdirigente política paisa- de Hernando Medina Camacho, uno de los uniformados condenados a 43 años de prisión por el magnicidio de Cepeda en 1994.
El 9 de agosto de ese año, según quedó gravado en los medios de comunicación y se puede leer en un extenso texto de sentencia condenatoria, el atentado tuvo lugar entre las 8 y 9 de la mañana.
El exsenador Manuel Cepeda Vargas, representante en ese entonces del movimiento político Unión Patriótica, recorría en su carro campero la avenida Las Américas de Bogotá camino al Congreso.
El carro era conducido por Eduardo Fierro Paloma y su seguridad estaba a cargo, como escolta, de Luis Alfonso Morales Aguirre, quienes sobrevivieron al dramático ataque a bala propinado por desconocidos.
Ese día, al igual que todos los días, el político colombiano leía los principales titulares de la prensa escrita y se mantenía pendiente de la información radial.
A la altura de la carrera 74, un hombre le disparó en la cabeza causándole la muerte de manera casi instantánea. El desconocido, en compañía de varios cómplices, se movilizaba en un Renault 9 brío blanco.
El escolta del exsenador, ante el inesperado ataque, reaccionó disparando toda la carga de su revólver contra el carro de los agresores, quienes trataron de huir rápidamente.
Sin embargo, los impactos de bala propinados por el escolta de Cepeda al Renault obligaron a los responsables del magnicidio a abandonar el carro en la avenida Boyacá con carrera 72.
Investigadores hallaron en el carro, minutos más tarde, una pistola marca Walther (modelo P-38, calibre 9 milímetros largo, número serial 43956), un proveedor con 6 cartuchos y una vainilla percutida. En el lugar del atentado se encontró sobre la vía otras dos vainillas.
Los condenados
En el desarrollo de las investigaciones se fueron conociendo los nombres de varias personas que fueron vinculadas al crimen en calidad de autores materiales e intelectuales. Otros, fueron procesados por complicidad en el homicidio agravado.
A medida que avanzaron las pesquisas las autoridades judiciales conocieron que algunos de los participantes del complot fueron asesinados. Entre ellos, Fabio Usme (alias Candelillo), Pio Nono Franco Bedoya y Víctor Alcides Giraldo Gutiérrez.
Solo hasta mediados de 1996, las investigaciones dieron un giro de 180 grados: aparecieron dos nuevos implicados en el crimen.
El exsoldado Elcías Muñoz Vargas, quien según el expediente estaba recluido en la cárcel del distrito de Ibagué, aseguró conocer al sargento Hernando Medina Camacho, ser su amigo desde que prestó servicio en el batallón Tenerife (Huila) y haberlo escuchado asumiendo su responsabilidad en el crimen.
El testigo dijo que en agosto de 1994, cuando se tomaban unas cervezas oyó a Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador hablar del homicidio, de una pistola, una moto y de un carro blanco que les había prestado por la Brigada 20 en coordinación con otras personas.
“Recuerdo que el sargento Medina hablaba de la moto que era una moto prestada y que él la llevaba hasta cierto punto o sea hasta donde se le hizo seguimiento al carro de Cepeda”, explicó el informante a las autoridades en juicio.
Durante la conversación, según recordó, Zúñiga insistió que no se hablara más del asunto porque a ellos les había tocado dejar el carro botado con los otros muchachos.
“Medina le decía al sargento Zúñiga que estuvo bien disparado. El otro le decía “usted fue el que le pegó. Esto se repetía en varias ocasiones”, agregó.
Esta versión y otros elementos materiales probatorios llevaron a un juez a dictar, el 16 de diciembre de 1999, sentencia condenatoria contra los dos exmilitares. La pena ascendió a 43 años de prisión.
En dicha sentencia se absolvió extrañamente de toda responsabilidad al exjefe de las Auc Carlos Castaño Gil, quien fue investigado en el mismo proceso como determinador del atentado. Sin embargo, el propio exparamilitar en su libro Mi confesión (2002) aceptó su participación en el asesinato.
Dos años más tarde, la desaparición y muerte de Castaño privó al país de conocer a fondo nuevos elementos para el esclarecimiento y castigo de este magnicidio.
Sentencia condenatoria
Los sargentos primero Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador fueron condenados a 43 años de prisión por el entonces Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
La decisión, aunque fue apelada, quedó en firme el 18 de enero de 2001 en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.
No contentos con el fallo, los exmilitares presentaron el recurso de casación ante la Corte Suprema de Jusiticia. Magistrados de la Corte reconfirmaron la primera decisión el 10 de noviembre de 2004.
La ejecución de la pena nunca se cumplió y por buena conducta Medina Camacho terminó pagando sólo 8 años de cárcel. Quedó en libertad a finales de 2004.
Esta insólita situación, muy criticada incluso por congresista Iván Cepeda (hijo de Manuel Cepeda) y representantes de otros sectores sociales y políticos, desencadenó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogara al Estado colombiano como responsable del crimen.
En consecuencia, en nombre del Estado el exministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió perdón público a Manuel Cepeda. “Reconocemos que la justicia tardó un tiempo más allá de lo razonable en adelantar la investigación, e incluso hoy se desconocen con precisión las circunstancias y los autores intelectuales que participaron en estos hechos”, dijo en el capitolio el pasado 9 de agosto frente las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.
Las palabras del representante del gobierno fueron bien recibidas por Iván Cepeda, quien enfatizó que “no es legítimo matar comunistas, ni conservadores ni liberales. No es legítimo matar a nadie por sus convicciones políticas”.
Pese a sus contundentes declaraciones, hoy las alarmas se vuelven a encender en la Fiscalía y las autoridades judiciales frente al posible atentado que se trató de engendrar contra Piedad Córdoba y Gustavo Petro.
