Lo que hace tres años significó para Wilson Palacios, presidente de la junta de acción comunal de Nueva Esperanza, una de las mejores noticias que podría haber recibido, como fue la escogencia de ese sector como piloto para un proyecto de mejoramiento integral de barrios, hoy se le volvió un peligroso dolor de cabeza.

En 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo una convocatoria nacional para la de donación de recursos que contribuyeran al mejoramiento de los sectores más vulnerables del país.

Seis municipios quedaron seleccionados para la ejecución del proyecto. Cúcuta figuró dentro de los elegidos.

El nombre del barrio Nueva Esperanza es postulado para este fin, debido a la gran cantidad de familias desplazadas residentes en este sector de la ciudadela Juan Atalaya. Tiempo después, Palacios recibe el reporte de que fue seleccionado.

Según lo previsto, el Banco Interamericano desembolsaría $1600 millones para la ejecución de algunas obras en Nueva Esperanza.

Como prioridad en este proyecto se tenía la construcción de un salón comunal, otro de manualidades para madres jefas de hogar, un polideportivo, terminar la pavimentación de algunas vías y ampliar las redes de acueducto y alcantarillado.

La posibilidad de ejecutar un proyecto de esta magnitud en corto plazo animó a la comunidad a tramitar todo lo necesario para que las obras empezaran.

Los 1500 habitantes que conforman este barrio aportaron dinero para pagar los topógrafos que medirían los predios. Ese trabajo costó $19 millones y fue pagado en su totalidad por la comunidad.

De igual forma se agilizaron los trámites para conseguir la legalización del barrio, la cual llegó el 12 de junio de 2011.

Metrovivienda recibió el encargo de hacer las obras junto con la constructora Yadel, la cual fue contratada en los primeros meses del año, con el encargo de elaborar los estudios y diseños pertinentes.

Se tenía previsto iniciar las obras el 1 de junio. Hasta el momento no se ha hecho nada de lo planeado.

La amenaza

Fue precisamente eso, la demora en el inicio de las obras al que le provocó el dolor de cabeza de Wilson Palacios.

Hace algunos días, cuando salía de su casa, unas personas lo interceptaron y lo amenazaron.

“Deje de estar engañando y robando a la gente con ese cuento del proyecto. Le damos ocho días para que le aclare a la comunidad qué ha pasado con la plata, de lo contrario, sabemos dónde y con quien vive usted”, le dijeron los extraños a Palacios.

Hoy es el sexto día de la cuenta regresiva desde que recibió la intimidación. Wilson Palacios no sabe cómo probar que la tardanza en el desarrollo del plan no es por la falta de gestión suya, y que este inconveniente se le escapa de las manos.

“Dejo mi vida en manos de Metrovivienda, ellos deben apersonarse de esta situación y darle la cara a la comunidad”, resaltó.

Para él no ha sido fácil lidiar con esta situación. Cada vez que se acerca a pedir información sobre el avance de los trabajos, los dos organismos encargados del procedimiento lo mandan de un lado a otro.

“Esto se ha convertido en un juego de pimpón, donde el que ha salido perdiendo soy yo. En los últimos meses lo único que han hecho Yadel y Metrovivienda es echarse la culpa mutuamente”, señaló.

Metrovivienda dice que están a la espera de los diseños de Yadel para iniciar las obras. La constructora manifiesta que ellos ya entregaron lo correspondiente y es Metrovivienda la que no avanza.

“Lo único que sabemos del dinero es que lo está manejando una fiduciaria en Bogotá y que ellos no sueltan recursos hasta que las obras no empiecen a ejecutarse”, resaltó el presidente comunal.

Palacios le manifestó su inquietud a Onésimo Jaimes, funcionario Metrovivienda , y este le aconsejó hacer una reunión con los habitantes para explicarles los avances del proyecto.

“La reunión la debería citar Metrovivienda, la comunidad quiere escucharlos a ellos. Es hora de que se apropien de esta situación y le den la cara a la gente”, anotó. Palacios está seguro que con esta medida las amenazas cesarían.

La Opinión trató de contactarse con Metrovivienda para conocer su posición ante este tema, pero no fue posible lograrlo, pues la gerente Milla Patricia Romero no contestó el teléfono celular y en la oficina siempre dijeron que no estaba.